Carlos NavarreteChilpancingo, Gro., (Marzo 22, 2017).- Con la finalidad de evitar la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado y combatir la corrupción, en el Congreso de Guerrero se impulsa una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para sancionar a los partidos políticos cuando a sus candidatos, ya en el ejercicio del cargo, se les acredite responsabilidad política, penal o administrativa.La iniciativa fue presentada en la sesión ordinaria del Congreso por el diputado Silvano Blanco Deaquino a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, los partidos políticos son responsables de vigilar que sus militantes, afiliados y simpatizantes se conduzcan dentro de los cauces legales.“Por ende, cuando se incumple con esta obligación resulta pertinente imponer una sanción no solo al infractor material, sino también al instituto político que faltó a su deber de vigilar”.Esta reforma pretende hacer efectiva la figura de culpa in vigilando, que se encuentra en el glosario de términos y lista de acrónimos en la reforma electoral de 2008, y que se define como la responsabilidad que surge para un partido político que en su calidad de garante incumple con su deber de vigilancia de sus militantes, simpatizantes y afiliados que asumen conductas sancionables por la ley electoral.“Proponemos que en atención al principio de culpa in vigilando; cuando se acredite la responsabilidad penal, administrativa o política por parte de algún funcionario de elección popular, se sancione también al partido político que lo postuló para el cargo en que fue electo”, se lee en el documento.De acuerdo a la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano esta reforma ayudará a sumar esfuerzos en el combate a la corrupción, obligando a los partidos políticos a instrumentar más y mejores medidas de control para evitar que la delincuencia organizada se siga infiltrando en las instituciones del Estado.Si bien en el documento no se hizo referencia a ningún partido en particular, hay casos emblemáticos en Guerrero en los que los candidatos, una vez electos, incurren en acciones fuera de la ley o incluso se les comprueban vínculos con la delincuencia organizada.Por ejemplo la postulación de José Luis Abarca Velázquez como alcalde de Iguala bajo las siglas del PRD, en el proceso electoral de 2012, quien actualmente está preso en un penal de máxima seguridad por el asesinato del activista Arturo Hernández Cardona, sus vínculos con los Guerreros Unidos y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa.También está el caso del diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco, quien enfrenta un juicio de desafuero por su presunta responsabilidad en el asesinato de un trabajador del ayuntamiento de San Miguel Totolapan. Además el legislador ha reconocido públicamente su compadrazgo con un líder de la delincuencia en Tierra Caliente.
