Chilpancingo, Gro., (Marzo 12, 2019).- El Congreso de Guerrero exige a la Auditoría Superior del Estado que realice auditoría a los organismos operadores de agua potable de los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Acapulco de Juárez, Zihuatanejo de Azueta, Iguala de la Independencia y Taxco de Alarcón, sobre los adeudos históricos que cada uno tiene con la Comisión Federal de Electricidad.Exigieron que la ASE ubique las causas que generaron dichos adeudos, así como las posibles responsabilidades de quienes cayeron en alguna omisión legal del director general o administrador, debiendo encausar los procedimientos administrativo penales que correspondan.En el estado de Guerrero se ha conocido en los últimos días que los organismos operadores de agua de los municipios de Chilpancingo y Acapulco de Juárez, enfrentan una problemática de liquidez para cubrir las deudas históricas que tienen con la Comisión Federal de Electricidad, trayendo como consecuencia que la paraestatal les corte el suministro de energía eléctrica afectando el servicio de distribución del agua, y ocasionando el descontento de la ciudadanía.En el punto de acuerdo aprobado por unanimidad, dijeron que es necesario que esta problemática sea atendida de manera integral, no solamente los municipios que se están viendo afectados, dado que los municipios de Iguala, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta también cuentan con organismos operadores de agua potable y que también enfrentan problemas de liquidez, por lo que debemos interceder ante la Comisión Federal de Electricidad, a través de las mesas de trabajo con los titulares de las administraciones públicas municipales.También pidieron que busquen mecanismos que permitan generar esquemas de pagos acordes a las posibilidades de cada ente municipal, buscando no afectar la prestación del servicio de agua potable.Como se ha dado a conocer por diversos medios de comunicación, las principales causas que han generado la falta de liquidez de los organismos operadores de agua municipales, son los malos manejos administrativos, así como la falta de pago de los ciudadanos por la prestación del servicio, lo que se está convirtiendo en un círculo vicioso que en nada contribuye en la operatividad de las paramunicipales encargadas de la prestación del servicio de agua potable.Exigieron que las auditorías correspondientes que permitan conocer quien o quienes son los funcionarios que cayeron en alguna responsabilidad administrativa o penal, y en su momento la autoridad fiscalizadora, en uso de sus facultades legales, instaure los procedimientos sancionadores en contra de quienes cayeron en actos de corrupción.
