Rosario HernándezChilpancingo, Gro., (Abril 27, 2017).- Tras confirmar que su salida y la de su familia se debió a amenazas del crimen organizado, el alcalde de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, dijo que solicitará medidas cautelares de protección al gobierno federal, tal como sucedió con el ex edil Ignacio Valladares Salgado.En entrevista, previo a su reunión con el mandatario estatal, Héctor Astudillo Flores, dijo que su salida del municipio no es definitiva “solo unos tres o cuatro días”; refiriendo que salió el pasado miércoles en punto de las cinco de la tarde, a bordo de un helicóptero del gobierno del estado, tras informar al gobernador sobre las amenazas ante un posible secuestro u/o homicidio su contra.Por lo que fue apoyado por un convoy de militares para su protección y salió del municipio a bordo de un helicóptero del gobierno del estado.“La información que tuvimos es que había riesgo que pudiéramos sufrir un secuestro o bien pudiéramos perder la vida, inmediatamente le hicimos una llamada al gobernador para que nos diera las facilidades o atención y pudiera salir de Teloloapan y sin dudarlo me mandaron un helicóptero y un convoy de militares”.El alcalde del PRD explicó que las amenazas las empezó a registrar tras la muerte del ex diputado Roger Arellano y fueron vía llamadas y mensajes, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado, afirmando que conoce quienes son los delincuentes, sin dar más detalles.Solo adelantó que procederá a ir a la Secretaría de Gobernación para denunciar el hecho y le puedan ser otorgadas medidas cautelares.“Fue una llamada que nos pasaron, días anteriores fueron mensajes, posterior al homicidio de Roger Arellano, tenemos claro de quien se trata, pero no vamos a manifestarlo, ya presentamos una denuncia, vamos a la Secretaría de Gobernación”.Explicó que el tema de la violencia debe ser abordado por los tres órdenes de gobierno, llamando a los alcaldes a sumarse al mando único, ya que refirió que su municipio tiene una Policía Municipal desactivada que sólo hace trabajos de proximidad, contado con 23 policías desarmados, para 143 comunidades, brindando seguridad a más de 50 mil habitantes.Explicó que ante esta falta de seguridad, el tema de los desplazados que se dieron hace algunos años “ha empezado a regresar”.
