Chilpancingo, Gro., (Febrero 8, 2017).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que inició una carpeta de investigación en contra del grupo opositor a la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, por incurrir en “violencia política de género”.La PGR informó que ese caso junto a otros dos de Morelos y Chiapas fueron judicializados con fundamento a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.“Se solicitó audiencia inicial ante el juez de control del estado de Guerrero, en virtud de que el Ministerio Público de la Federación estimó que existen datos de prueba suficientes que permiten suponer la existencia de una conducta ilícita y la probable participación de un ex presidente municipal y un síndico, en contra de la alcaldesa de Cuilapan”, se lee en el comunicado en referencia a Crisóforo Nava y Benito Sánchez Ayala, “quienes se oponían a su toma de posesión y ordenaron desarmar a la Policía Municipal; irrumpiendo y destruyendo, además dos propiedades de la mencionada representante popular, a la que también agredieron y amedrentaron a sus familiares”.El grupo opositor lo integran el síndico Benito Sánchez; las regidoras Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, del PRI y PRD; y el regidor de Nueva Alianza, Humberto Palacios Celino, quienes exigen la destitución de Muñiz Gómez, postulada por Movimiento Ciudadano, por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos y nepotismo.El 20 de octubre del año pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) resolvió restablecer a la alcaldesa en su derecho político constitucional, y ordenó a los ediles que encabezan la toma del Ayuntamiento que se abstengan de realizar actos de violencia política y de género que afecten el ejercicio del cargo de la presidenta municipal.Sin embargo a la fecha Felícitas Muñiz, quien cuenta con resguardo policiaco del estado, sigue sin despachar en su municipio por temor a sufrir agresiones, incluso ante la toma del Ayuntamiento varias dependencias del gobierno municipal atienden en sedes alternas.Otro de los casos por el que la PGR inició una carpeta de investigación es el de una alcaldesa de Chiapas, aunque no precisa el nombre, quien fue obligada a dimitir de su cargo tras el secuestro de dos legisladores de esa entidad.También se requirió audiencia inicial a la jueza de control de Morelos para que conociera de las violaciones realizadas en contra de una síndica de Amacuzac, quien desde marzo del año pasado ha sido víctima de amenazas por parte del alcalde, “el cual le impide desempeñar su cargo, junto con sus colaboradores”.
