Baldemar GómezChilpancingo, Gro., (Julio 24, 2018).- Organizaciones sociales exigen la libertad inmediata de su compañero y hacen responsable al gobierno estatal y federal de cualquier daño físico y mental que pueda sufrir el activista Huvaldo Santana Alonso, quien ayer lunes fue detenido en un retén de la Policía Ministerial, en la cabecera municipal de San Marcos.Además exigen la libertad inmediata de todos los compañeros que actualmente están siendo privados de su libertad por el hecho de organizarse y poder ayudar su pueblo.Mediante un comunicado, dijeron que el lunes a las 16:23 horas fue detenido “el compañero Huvaldo Santana Alonso en un retén de la Policía Ministerial”. Relataron que Huvaldo Santana Alonso es originario de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán. “Es un activista defensor de los bosques, de la tierra y el agua, él y su familia han sido objeto de múltiples ataques por parte del gobierno, tan es así que en 2012 tuvieron que abandonar su comunidad a causa de la violencia que azotaba la región”.Y que desde 2007 los ahora desplazados de La Laguna comenzaron a ser víctimas de irrupciones, ejecuciones, desapariciones, ataques y balaceras en su propio pueblo tanto de grupos de la delincuencia organizada, paramilitares, incluso de militares y policías.Como consecuencia de esa persecución, del 2007 al 2012 habían sido asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, y tres más fueron desaparecidos y todavía se desconoce su paradero. La mayoría de las víctimas fueron de las familias Santana Villa y Díaz Pérez. El 28 de noviembre de 2012 fue asesinada Juventina Mojica Villa junto a su hijo Reynaldo de 12 años.Juventina dirigía al grupo de desplazados por la violencia de La Laguna, entonces refugiados en Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán. Pero antes, entre febrero de 2011 y noviembre de 2012, el mismo grupo armado había ejecutado a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, Santana Villa.La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y de los pobladores de La Laguna surgió por su defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente. Por la violencia se vieron obligados a abandonar sus tierras y cedérselas a las bandas criminales, pero lograron refugiarse en 2011 en Puerto de Las Ollas.A raíz de esta violencia que les llegó hasta esa localidad con la ejecución de la líder Villa Mojica, las familias se vieron obligadas a abandonar la sierra. Por la presión de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el Gobierno del Estado inició el proceso de reubicación. Un grupo de 16 familias se quedó en La Tondonicua, municipio de Petatlán; otro más fue trasladado a La Unión, y un tercero a Tepango, municipio de Ayutla.Señaló que el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez mediante la entonces subsecretaria para Asuntos Políticos, Roxana Mora Patiño, ofreció dotar a las familias desplazadas tierras para sembrar y para construir sus casas, servicios públicos, proyectos productivos para tener empleos y garantías de seguridad.Sin embargo las familias que viven en La Unión y Tepango a donde llegaron en marzo de 2013, siguen siendo acosadas por parte del estado como lo es el caso del compañero que acaba de ser detenido. Actualmente el gobierno pretende trasladarlo al penal de Coyuca de Catalán, esto pone en riesgo su integridad física y lo pone en riesgo de muerte porque el crimen organizado es quien controla dicho penal.Por último expresan, “exigimos la libertad inmediata del compañero y hacemos responsable al gobierno estatal y federal de cualquier daño físico y mental que pueda sufrir Huvaldo Santana Alonso”, y se pide libertad inmediata de todos los compañeros que actualmente están siendo privados de su libertad por el hecho de organizarse”.
