Chilpancingo, Gro., (Mayo 6, 2020).- El diputado Robell Urióstegui Patiño presentó un exhorto a los 80 ayuntamientos y al Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que garanticen los salarios de sus servidores públicos durante todo el tiempo que duren las medidas de contención decretadas con motivo de la emergencia sanitaria.
El legislador explicó que como representante popular le han hecho llegar solicitudes diversos ciudadanos, trabajadores de distintos municipios, solicitando apoyo porque sus salarios han sido retenidos, y en algunos casos disminuidos por parte de las administraciones públicas municipales, argumentando que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir la nómina al cien por ciento.
Urióstegui Patiño recordó que en todo el país se han suspendido las actividades de atención ciudadana y de prestación de servicios no esenciales en los tres niveles de gobierno.
“Las actividades de la burocracia federal, estatal y municipales, de la procuración de justicia (tribunales federales y locales) se han suspendido desde el pasado 30 de marzo, con reinicio al 30 de abril, periodo que se ha anunciado por el subsecretario de Salud federal que se ampliará hasta el 30 de mayo, con la posibilidad de un inicio de labores burocráticas a partir del 17 de mayo, en aquellos municipios donde la incidencia es menor”, añadió.
El legislador consideró que los empleados de los gobiernos no pueden ser tratados como simples trabajadores, dado que sus derechos están protegidos desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, Apartado B, aunado a que son servidores públicos, no empleados.
En consecuencia, dijo los titulares de cada orden de gobierno deben respetar y garantizar la estabilidad laboral los servidores públicos que integran su administración pública. Principalmente porque la suspensión de actividades esenciales fue una determinación gubernamental, no es a causa o voluntad de los servidores públicos, por lo que dejar de cubrir sus salarios, disminuirles las cantidades recibidas o despedirlos es un acto violatorio de derechos humanos.
Refirió que el poder público cuenta con financiamiento del estado, y de conformidad con la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal se establece que el Presupuesto de Egresos debe prever la aplicación de una partida específica a cubrir los salarios de los servidores públicos, es decir, los salarios deben estar garantizados por parte del orden de gobierno correspondiente, al ser su responsabilidad el garantizar el salario de su personal.
