Alejandro Alvarado GonzálezZihuatanejo, Gro., (Agosto 27, 2016).- En un hotel de la zona turística de Ixtapa se llevó a cabo el tercer foro regional “Nueva Ley de Desarrollo Social”, convocado por la respectiva comisión del Congreso estatal, que tiene como objetivo abrir el tema a la participación de los guerrerenses, para actualizar el marco normativo de los programas sociales y otras acciones vinculantes orientadas a combatir la pobreza y desigualdad.La diputada Eloísa Hernández Valle, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, informó que todavía faltan por realizarse otros tres foros en Chilpancingo, Acapulco e Iguala, posteriormente todas las propuestas serán sistematizadas y difundidas para aterrizar en una iniciativa de ley en un plazo aproximado de dos meses más.Agregó que hay dos puntos generales en común en varias ponencias, por una parte el rechazo al asistencialismo sin supervisión, en el que hay personas que “ya encontraron el modo” de beneficiarse prácticamente de todos los programas sociales del gobierno; asimismo, la necesidad de legislar para que personal médico asignado a atender las comunidades más alejadas se queden en esas poblaciones, pues la falta de doctores y enfermeras es una demanda constante.La secretaria de esta comisión, la diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz, señaló que la actual Ley 102 promulgada en el año 2004 ya resulta obsoleta, por la realidad cambiante de nuestro estado, puntualizó también la necesidad de mejorar la fiscalización de los recursos públicos.En su intervención, la diputada Ma. de los Ángeles Salomón Galeana, recordó el planteamiento que hizo para modificar el artículo 181 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, a fin de que los diputados tengan plenas facultades para sumarse al trabajo de gestión de recursos que contribuyan al desarrollo social de sus distritos y se congratuló con la gran respuesta hacia los foros que lleva a cabo la Comisión de Desarrollo Social.Entre las ponencias presentadas en este tercer foro, destacan las propuestas de fomentar la actividad económica que propicie la generación de recursos destinados a los programas sociales, ya que sin desarrollo económico tampoco habría desarrollo social; considerar por ley la competencia de los municipios en estas acciones, pues un número importante de políticas son marcadas desde el gobierno federal, en base a indicadores que no necesariamente responden a la realidad particular que sólo en el nivel municipal se conoce.Transparentar los padrones de beneficiarios, porque debe reconocerse el manejo discrecional de algunos programas, que benefician a las mismas familias y marginan a otras que sí requieren del apoyo gubernamental, por lo cual es necesario mejorar la difusión de todos los programas sociales, que a veces ni siquiera son conocidos por las autoridades municipales, además de aplicar derechos pero también obligaciones por parte de los beneficiarios.
