Moisés Alcaraz Jiménez
No sólo los grupos oligárquicos muestran el poder que aún conservan y que lo están utilizando para intentar detener el cambio en la vida pública nacional, poder que derivan de sus inmensas fortunas mal habidas en el viejo régimen.
También la llamada burocracia dorada está dando muestras de la capacidad que tiene para preservar intactos sus privilegios, como los insultantes sueldos que se han asignado, a los que se aferran desesperadamente, con lo cual están sangrando al erario con dinero que bien podría destinarse a mejores causas del desarrollo económico y social.
Tanto la oligarquía golpista que lanza rabiosos ataques contra el actual gobierno que busca cancelarle sus privilegios, como la aristocracia de la burocracia, tienen en el Poder Judicial a uno de sus mejores aliados que puede torcer la ley cuantas veces quiera para mantener intacto ese manto de protección a las redes de corrupción de la que esos grupos se alimentan y han vivido casi en el paraíso. Jueces venales ultra conservadores no pierden la oportunidad de sumarse a los intereses neoliberales que pretenden restaurar el régimen de corrupción. La Suprema Corte ha otorgado suspensiones al tope salarial de sus propios integrantes y de los directivos de los llamados órganos autónomos. Es juez y parte y se ubica en un conflicto de intereses.
Esta semana la Secretaría de Hacienda dio a conocer el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se establece que cerca de dos mil 500 funcionarios continuarán en 2022 teniendo los mismos salarios superiores al que tiene el presidente de la república. Se trata de la llamada burocracia dorada, incrustada principalmente en el Poder Judicial Federal y en los llamados organismos autónomos, poderosos entes creados desde Felipe Calderón e incrementados con Peña Nieto, para proteger los intereses de las empresas transnacionales depredadoras de los bienes de la nación y cubrir la corrupción cometida durante esos gobiernos, como el INAI, la Cofece, la Comisión Reguladora de Energía, entre otros, donde también están el INE, el TEPJF, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros.
Mantener a esa élite -muchos de ellos verdaderos parásitos al servicio de la oligarquía a los que todavía les tenemos que pagar jugosos salarios- costará al erario casi 10 mil millones de pesos. Ese dinero es equivalente al presupuesto destinado a la inversión física para la protección del medio ambiente y los recursos naturales en el mismo periodo.
Tan sólo lo que anualmente se embolsan los señores feudales de INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y los otros nueve consejeros, serviría para pagarle a 300 médicos residentes del IMSS que con urgencia se están necesitando.
Para 2022 los ministros de la Corte y consejeros de la Judicatura recibirán en sueldos y demás privilegios, 6 millones de pesos cada uno, mucho más del doble de lo que percibirá el presidente de la república. 919 magistrados se embolsarán el año entrante 5 millones de pesos cada uno; y 666 jueces de distrito se llevarán el año entrante también cada uno cuatro millones de pesos en sus alforjas, en tanto el presidente de la República ganará alrededor de dos millones de pesos ese año.
Este es un auténtico reparto del botín entre bandas de cuello blanco, donde la SCJN tiene mucho que ver pues está amparando a mafias insaciables que están asaltando las arcas de la nación, mafias que inclusive están dentro de la propia Corte.
