Celestino Cesáreo Guzmán
Al final de cada ciclo fiscal es buen momento para analizar las finanzas públicas de Guerrero y esto exige una mirada honesta y serena. Es cierto que en estos años llegó inversión federal importante: recursos extraordinarios para la reconstrucción tras los huracanes, algunas obras carreteras, apoyos al turismo y programas sociales que ayudaron a sostener a miles de familias en un periodo crítico.
También es cierto que el repunte económico del primer trimestre de 2025 es una buena señal para un estado que venía arrastrando daños severos y profundas desigualdades.
Pero, al mismo tiempo, el Cuarto Informe de Gobierno confirma preocupaciones de fondo que tienen implicaciones directas en la vida cotidiana de los guerrerenses y que no pueden ser minimizadas bajo ningún discurso optimista.
La realidad financiera de Guerrero es frágil, opera al límite y enfrenta tensiones estructurales que, si no se atienden con responsabilidad, pueden comprometer la estabilidad futura del estado, la prestación de servicios públicos y la capacidad de responder ante emergencias.
Los diagnósticos más claros no provienen de voces políticas, sino de las principales calificadoras financieras del país. Moody’s Local México advirtió en agosto de 2025 que Guerrero mantiene una liquidez “limitada”, con un indicador de efectivo a pasivos circulantes de apenas 0.3x al cierre de 2024 y 0.4x en marzo de 2025. Traducido a términos prácticos, esto significa que por cada peso que el estado debe pagar en el corto plazo, solo tiene entre 30 y 40 centavos disponibles en caja. No hay dinero.
La misma agencia señala que alrededor del 40 por ciento de la deuda directa de Guerrero corresponde a deuda de corto plazo, uno de los niveles más altos del país, lo que evidencia que la administración opera con créditos inmediatos para cubrir obligaciones inmediatas.
Fitch Ratings hizo un diagnóstico similar el 29 de agosto de 2025: bajó la calificación del estado de BBB+(mex) a BBB(mex), mantuvo la perspectiva negativa y sostuvo que Guerrero presenta una posición de liquidez entre las más estresadas del país, con deterioro en el balance operativo y un uso constante de créditos de corto plazo para sostener el funcionamiento gubernamental. Según la propia Secretaría de Hacienda federal, Guerrero se encuentra entre las entidades con mayor vulnerabilidad en caja.
Estos datos no son solo advertencias técnicas; tienen consecuencias tangibles en la vida de la población.
Cuando un estado opera con tan poca liquidez, se reduce el margen para invertir en infraestructura, se retrasan pagos a proveedores, se limita la capacidad de responder ante emergencias y se generan presiones adicionales sobre la prestación de servicios públicos como salud, educación, agua y transporte.
La estabilidad financiera no es un asunto abstracto: afecta directamente la calidad de vida de las personas.
A esta vulnerabilidad se suma otro problema que las calificadoras y los organismos legislativos han documentado con rigor: los pasivos estructurales no registrados como deuda, pero que presionan de manera severa las finanzas estatales.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que Guerrero acumula más de 21 mil millones de pesos en adeudos con el ISSSTE -el monto más alto del país- y miles de millones adicionales con el SAT por retenciones no enteradas.
Estas obligaciones no estaban registradas formalmente como deuda, pero se cobran directamente de las participaciones federales. De hecho, según el propio secretario de Finanzas, entre enero y octubre de 2024 el ISSSTE y el SAT descontaron a Guerrero alrededor de 2 mil 800 millones de pesos, lo que equivale a restarle capacidad de operación mes tras mes.
La situación se agrava con el déficit actuarial del ISSSPEG, que ronda los 40 mil millones de pesos y que representa un riesgo futuro para las pensiones de miles de trabajadores. En conjunto, estos pasivos equivalen a más del 120 por ciento de los ingresos operativos del estado, un nivel que compromete la estabilidad financiera de largo plazo.
Pero el problema no se limita al endeudamiento y los pasivos. Guerrero tiene una de las autonomías fiscales más bajas del país.
La Ley de Ingresos 2025 establece que los ingresos propios del estado representan apenas el 3 por ciento del total, alrededor de 2 mil 531 millones de pesos. Fitch Ratings confirma que los ingresos tributarios apenas alcanzan el 2.5 por ciento de los ingresos totales, reflejo de una capacidad recaudatoria muy débil.
Esto significa que más del 90 por ciento del presupuesto estatal depende de la Federación. Cualquier ajuste federal -como el recorte de casi 1,800 millones de pesos en 2025- afecta de inmediato la capacidad del estado para invertir, planear, atender emergencias o ejecutar programas públicos.
La dependencia extrema no es solo un problema técnico: es una vulnerabilidad que impacta directamente a los municipios más pobres, a las regiones marginadas y a los sectores productivos que requieren apoyo constante. A esto se debe que no hay apoyos casi para nadie.
En la comparecencia de este año, el propio secretario de Finanzas reconoció que el estado opera en condiciones de austeridad involuntaria, con muy poco margen de maniobra porque, en sus palabras, “la federación se cobra a lo chino”. Siempre ha sido así, solo que ahora las finanzas nacionales también crujen.
Además, el funcionario detalló que el gobierno inició en 2021 con un déficit de más de 3 mil 351 millones de pesos y con deudas heredadas por más de 27 mil millones. Este contexto explica la contratación de nuevos créditos, pero también evidencia que Guerrero está atrapado en un ciclo de endeudamiento inmediato para pagar obligaciones inmediatas.
Es un modelo que permite sobrevivir, pero no avanzar. Y lo más delicado: es un modelo que, si no se corrige, terminará por limitar aún más la inversión en salud, educación, infraestructura, seguridad pública y reconstrucción.
Todo esto afecta a los guerrerenses. Impacta en la calidad del transporte, en la disponibilidad de medicamentos, en la atención durante desastres naturales, en el mantenimiento de carreteras, en la operación de hospitales y en la capacidad del gobierno para responder a las necesidades más básicas.
Un estado que opera al límite financiero es un estado que reacciona, no uno que planifica. Uno que resuelve emergencias, pero que no construye futuro. Guerrero necesita un plan… para ordenar sus finanzas.
Guerrero necesita una reforma financiera profunda que aborde tres frentes: mejorar la recaudación sin afectar a quienes menos tienen; establecer un programa de saneamiento gradual para los pasivos con ISSSTE, SAT e ISSSPEG; y moderar la dependencia de créditos de corto plazo que hoy sostienen la operación cotidiana. Es urgente apretarse el cinturón empezando por los que gobiernan.
La estabilidad financiera no es una aspiración técnica, es una condición indispensable para que el estado pueda ofrecer servicios públicos dignos, para que las familias puedan vivir con certeza y para que Guerrero pueda dejar atrás décadas de desigualdad.
Es necesario reconocer que, aunque hubo avances, las finanzas públicas siguen siendo el talón de Aquiles de Guerrero. La solución no está en negar el problema, sino en enfrentarlo con responsabilidad, transparencia y planificación.
De lo contrario, las próximas generaciones heredarán no solo un estado frágil, sino un estado sin capacidad de cumplir con su gente. Veremos.
