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Opinion

MÉDULA

FÉLIX Y LA “NUEVA NORMALIDAD ELECTORAL”

Jesús Lépez Ochoa

En la solicitud de licencia de Félix Salgado Macedonio al Senado de la República no debe perderse de vista el contexto del posible aplazamiento del inicio del proceso electoral para gobernador, en el cual quiere ser el candidato de MORENA, ni la diferencia en acceso y manejo a recursos públicos y programas sociales en relación con algunos de sus competidores.

Salgado Macedonio podría estar poniendo un pie delante de los cambios que se vienen con la nueva “normalidad electoral” derivada de la emergencia sanitaria por el Covid-19, y a la vez aplanando el piso en busca de emparejarlo. No todo es popularidad, también cuentan el dinero, las despensas, las becas y los operadores políticos con cargo al erario.

En la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero se buscan acuerdos para que el inicio del proceso electoral, que legalmente es en septiembre, sea en esta ocasión durante la primera semana de diciembre, ante la incertidumbre de que se extienda la emergencia sanitaria por el Covid-19.

De concretarse como ya sucedió en otros estados del país el periodo desde el inicio del proceso hasta el día de la votación, se reduciría de nueve a seis meses, y con ello obviamente tendrán que compactarse las etapas que transcurren en ese tiempo.

Hablamos por ejemplo de que los actuales lineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero establecen el inicio de las precampañas el día 17 de diciembre de 2020, lo cual dejaría poco margen entre la instalación del Consejo General o arranque oficial del proceso, el registro de las precandidaturas y el inicio de los procesos internos de los partidos políticos para seleccionar a su candidato a gobernador.

Lógico sería que se reduzca el tiempo de las campañas establecido actualmente del 5 de marzo al 2 de junio, e incluso las precampañas que duran menos de un mes son prescindibles, si los partidos optan por alguna modalidad de selección de candidatos que no necesite el placeo territorial tan extendido de la elección abierta y opten por asambleas, encuestas, ambas cosas, e incluso por designación.

Los diputados tienen hasta el 31 de mayo para modificar la ley electoral del estado, de lo contrario el proceso seguiría su curso normal, aunque ante los casos de Coahuila, Estado de México e Hidalgo, donde ya ocurrió, existe una tendencia y es muy alta la probabilidad de que se haga en Guerrero, porque la fracción de MORENA y el PRI parecen quererla y es muy probable que logren consensar con el PRD y Movimiento Ciudadano. Después de todo el tema de fondo es proteger la salud de la población.

Separarse del cargo permite estar al cien por ciento para una ruta inédita hacia la candidatura, aunado a que en medio de una pandemia en la que todos los actores políticos se han dado a la repartición de víveres, ostentar un cargo público representa cierta vulnerabilidad jurídica a la hora en que se pasa de las encuestas y las asambleas al tribunal para desbarrancar competidores.

De entrada el lunes el Consejo General del IEPC, que preside Nazarín Vargas Armenta, emitió un exhorto unánime para que todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de los órganos constitucionales autónomos y en general de cualquier ente de gobierno, observen en todo momento la prohibición contenida en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución, consistente en evitar utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.

Advertencia de que para el órgano electoral no está pasando desapercibido el descarado uso de la imagen personal de buenos samaritanos repartiendo recursos públicos ante los medios de comunicación por parte de algunos actores políticos. Sabemos que es un exhorto, pero también que en el caso de MORENA abundan las disputas que terminan en tribunales.

Bajarse del cargo traslada esa vulnerabilidad a los dos competidores por la candidatura que operan recursos públicos: el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval, operario de los programas sociales, y la alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo, a quien la pandemia le ha caído literalmente como anillo al dedo para promoverse.

Félix se coloca del lado de la arena en que se encuentran los aspirantes externos Beatriz Mojica y Luis Walton, participando sin cargo, lo cual puede tender a presionar que Sandoval y Román se definan, dejen el cargo y el piso se empareje en el tema de recursos, sin confrontaciones que arriesguen su ventaja en encuestas.

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